Incorpora las observaciones realizadas por más de cincuenta entidades, por los Ministerios afectados y por el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
El Ministerio de Ciencia y Tecnología, en estrecha colaboración con los Ministerios de Administraciones Públicas, Economía, Interior y Justicia ha elaborado un nuevo borrador de Anteproyecto de Ley de firma electrónica, que reemplazará al actual Real Decreto sobre firma electrónica. El nuevo borrador está disponible en la página web del Ministerio: www.mcyt.es.
Este nuevo texto es el resultado de una amplia consulta pública en la que han participado más de cincuenta entidades del sector, la Agencia de Protección de Datos, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y el Consejo General del Notariado, y se ha constatado un gran interés poPor una parte, se establecen las bases para la regulación del Documento Nacional de Identidad electrónico, cuya implantación representará un avance sustancial en el desarrollo de la Administración y comercio electrónicos. El DNI electrónico está impulsado, en su ejecución, por el Ministerio del Interior, integrándose en el conjunto de iniciativas del Plan de Acción INFO XXI, y pondrá a disposición de los ciudadanos certificados reconocidos, que garantizan digitalmente su identidad y proporcionan la posibilidad de firmar documentos electrónicos. El DNI electrónico tendrá el mismo valor que el DNI a efectos de identificación de los ciudadanos.
Por otra parte, se contempla la emisión de certificados a nombre de personas jurídicas, a efectos de dotar a estas entidades con mayor flexibilidad, y se establece el régimen aplicable a la actuación de personas jurídicas como firmantes.
Novedades
El segundo borrador del Anteproyecto de Ley de firma electrónica que se publica introduce diversas modificaciones en relación con el texto previo, destacando las siguientes mejoras:
· Se modifica la definición de “acreditación voluntaria” para adaptarla en mayor medida a la Directiva europea, otorgándole un mayor protagonismo al sector privado, favoreciendo la autorregulación de la industria, que debe constituirse como motor de la innovación e impulsor de nuevos servicios en relación con la firma electrónica, de manera que sea ésta quien diseñe y gestione, de acuerdo con sus propias necesidades, sistemas voluntarios de acreditación de carácter privado, destinados a mejorar los niveles técnicos y de calidad en la prestación de servicios de certificación.
· Se modifica la obligación de constitución de una garantía económica por parte de los prestadores de servicios de certificación que emitan certificados reconocidos, estableciendo una cuantía mínima única de tresmillones de euros.
· Se modifica el régimen aplicable a la firma de las personas jurídicas, haciéndolo más flexible, dado que en cada certificado se identifica a una persona física que tiene la función de custodiar los datos de creación de firma y el certificado, pudiendo adaptarse el uso del certificado a las condiciones que determine cada entidad. Esta persona física se equipara a la figura del factor contemplada en el Código de Comercio.
Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología
Noticias – Notas de la Prensa